Con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas, permitiendo al Estado mexicano retomar el control de sus recursos energéticos. La votación en lo general fue de 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, por parte de la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano.
El presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, remitió la reforma de inmediato a los congresos estatales para su ratificación. El debate, que se extendió por casi ocho horas, evidenció la confrontación entre dos visiones: los senadores de la 4T defendieron la iniciativa impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando la recuperación de la soberanía energética. Por otro lado, legisladores del PRI y PAN criticaron la medida como una «contrarreforma» que podría violar el T-MEC, desalentar la inversión privada y agravar la contaminación por el uso de energías no renovables.
Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que la reforma busca corregir el «error histórico» de la reforma energética de 2013, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, que abrió la puerta a la privatización del sector energético. Según Cantón, la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución devolverá la soberanía energética al país al evitar que recursos como la electricidad, hidrocarburos, litio e internet caigan en manos de intereses privados.
“Los recursos naturales deben estar al servicio del desarrollo nacional”, afirmó Cantón Zetina.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que uno de los aspectos centrales de la reforma es garantizar la prevalencia de la CFE sobre las empresas privadas en el sector eléctrico, con el objetivo de asegurar su función social y mantener tarifas accesibles. Señaló que, antes de la reforma de 2013, la CFE generaba el 63% de la electricidad del país, una proporción que disminuyó drásticamente, relegando a la empresa a una posición desventajosa.
Sin embargo, los legisladores del PRI y PAN, como Claudia Anaya, advirtieron que convertir a Pemex y CFE nuevamente en empresas públicas transferiría sus grandes deudas al Estado. Ante esta crítica, los legisladores de Morena defendieron la medida como un esfuerzo para eliminar lo que consideran acuerdos «oscuros» en el sector de las energías limpias. “Defienden negocios privados disfrazados de energías limpias, son bisneros”, acusó el senador petista Gonzalo Yáñez.
El debate también trajo a colación temas como los sobornos a legisladores durante la aprobación de la reforma energética de 2013 y la reciente sentencia por narcotráfico de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Legisladoras de Morena, como Andrea Chávez y Julieta Ramírez, pidieron que el expresidente Calderón asuma su responsabilidad.
La discusión del dictamen comenzó cerca de las cinco de la tarde del miércoles, y la reforma se aprobó en lo general pasada las 23:00 horas, culminando en lo particular poco después de la medianoche.
