Con 23 votos a favor de Morena y sus aliados y 11 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai).
La iniciativa, que será discutida próximamente en el pleno, propone reformar el artículo 28 de la Constitución para simplificar la estructura del Estado, trasladando las funciones de estos organismos a distintas dependencias del gobierno federal.
Organismos afectados
Los órganos que desaparecerían son:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
El Inai, por ejemplo, quedaría bajo la jurisdicción de una nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, según el dictamen.
Críticas desde la oposición
Carolina Viggiano, senadora del PRI, expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que representa un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas.
«El Inai ha gestionado más de dos millones de solicitudes de información, resuelto más de 100 mil quejas y fortalecido el acceso ciudadano a la transparencia. Ha sido clave en casos emblemáticos como Ayotzinapa, la guardería ABC y el socavón de Cuernavaca. Su eliminación debilitaría estos derechos», señaló.
Otros senadores de la oposición alertaron que la reforma podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo, reduciendo los contrapesos institucionales y afectando la protección de datos personales, la competencia económica y la regulación de sectores estratégicos.
Próximos pasos
La reforma será debatida en el pleno del Senado, donde requerirá mayoría calificada para su aprobación. En caso de ser avalada, deberá ser enviada a los congresos estatales para su ratificación.
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