El incumplimiento de pensiones alimenticias en Puebla ha alcanzado su punto más alto en la historia, con 527 carpetas de investigación abiertas de enero a noviembre de 2024, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Este récord supera todos los registros desde 2015, cuando se inició la recopilación de datos sobre este delito.
Luz Arredondo Díaz, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, afirmó que este aumento refleja no solo la magnitud del problema, sino también el mayor empoderamiento de las madres afectadas, quienes ahora denuncian con mayor valentía, el incumplimiento de la pensión alimenticia.
La tendencia ha sido de crecimiento constante: en 2015 se registraron solo 11 denuncias, mientras que en 2020 la cifra se disparó a 273 y en 2023 cerró con 362 casos. Este año, la capital poblana concentra el 39.8% de los casos, seguida por las Cholulas con un 9.8% y Tehuacán con un 5.3%.
Arredondo subrayó la necesidad de implementar sanciones contundentes contra los deudores alimentarios y urgió la activación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, aprobado en 2023. Este registro busca exponer públicamente a los incumplidos y restringirles trámites importantes como la emisión de pasaportes, licencias de conducir, candidaturas políticas y operaciones notariales.
La activista también resaltó que las denuncias son fundamentales para visibilizar esta forma de violencia económica, avanzar en reformas legislativas y garantizar un respaldo institucional para las víctimas. Sin embargo, denunció que persiste una resistencia institucional para atender el problema de manera efectiva, lo que refuerza la urgencia de un sistema formal que respalde las denuncias de las afectadas.
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